El gobierno multa y cierra establecimientos en Caracas para acabar con las interminables colas

Recientemente, William Contreras llega a la panadería Mayer acompañado de al menos 20 militares. Con él también caminan seis funcionarios públicos y un grupo de periodistas de medios oficiales que hace fotos y vídeos de Contreras entrevistando a los clientes en la entrada del local:

-¿A cuánto compra usted el pan?
-A veces a 500 bolívares (1 céntimo)
-Doña, dígame usted ¿siempre hay estas colas?
-Sí, sí… cada día a las 5 de la mañana más de 300 familias venimos a hacer cola a esta panadería para poder comprar una barra de pan.
-Vamos a ocupar (expropiar) ya esta panadería.

Así Williams Contreras sentenció el destino de aquel negocio. Contreras es el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), el organismo público al que Nicolás Maduro delegó el Plan 700, que tiene como objetivo fiscalizar todas las panaderías del oeste de Caracas. “La van a pagar, yo se los juro. Los responsables de la guerra del pan la van a pagar y después no vayan a decir que es una persecución política”, advirtió Maduro en su programa televisivo.

Desde el pasado 14 de marzo, alrededor de 50 fiscales del Sundee y 200 militares de las Fuerzas Armadas ponen en práctica un operativo permanente y aleatorio en las más de 700 panaderías del centro de Caracas. Hasta el 15 de abril, el balance es de 245 multas, cuatro locales expropiados durante los próximos tres meses y cuatro panaderos con expedientes judiciales pendientes. Los comerciantes de la zona aseguran que estos operativos han disminuido por las continuas protestas que se reportan en la ciudad desde principios de abril.

“Una de las cosas que nos ha exigido el Presidente Nicolás Maduro, es que se haga justicia y no puede haber justicia si permitimos la impunidad. Así que panadero que no cumpla las normas será multado, irá a la cárcel o será expulsado de su negocio” amenazó Contreras al salir de la panadería Mayer.

Desde el 14 de marzo, los fiscales de Sundee y las Fuerzas Armadas han inspeccionado más de 700 panaderías y han multado 200 de ellas.

Entre las normas del Plan 700 se encuentran que el 90 % de la materia prima (harina) sea utilizada para la elaboración del pan y no de otros alimentos como tartas, magdalenas o cruasanes. Además, las panaderías deberán respetar el precio regulado por el gobierno, el peso deberá ser de 180 gramos por unidad y la venta continúa del pan para frenar las colas en la entrada de los locales.

“Estas acciones nos permitirán hacer frente a la guerra económica que dirigen sectores de la derecha, cuyas tácticas es generar escasez en los alimentos y artículos de primera necesidad para elevar los precios de manera desproporcionada” argumenta el Superintendente Contreras.

 

Cambio de dueño

La panadería Mansion’s Bakery es una de las ocupadas por el gobierno. Su dueño desde hace 25 años, Emilio Dos Santos, aseguró en una entrevista radiada que “llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento. La seguridad del Estado nos mandó cerrar, me sacaron a patadas del local y ahora tienen a unos ‘malandros’ (delincuentes) atendiendo la panadería. William Contreras, entró arbitrariamente al local amenazando con cerrarlo y no me permitió defenderme ni justificarme”.

En pocas horas, la panadería contaba con un nuevo nombre (Minka) y 18 nuevos empleados. Al igual que las otras tres panaderías ocupadas, su administración pasa a manos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). El CLAP es un organismo que creó el Estado para que junto al Ministerio de Alimentación se encarguen de la distribución de los productos regulados de primera necesidad, y así “evitar la escasez que provoca la guerra económica liderada por la derecha”.

Llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento.

Los fiscales del Sundde se mantienen vigilantes en las panaderías, no sólo supervisan los precios sino que también están regulando las normas de distribución y venta. Por ejemplo, se puede comprar un pan por familia, la venta es para personas mayores de 16 años y el panadero debe producir pan cada media hora.

Héctor Lugo es un panadero que trabaja en Caracas desde hace dos décadas. Para él, las nuevas normas del gobierno no resultan rentables para pagar a los empleados y comprar materia prima. Es por ello que desde el pasado 26 de marzo decidió cerrar las puertas. “Ya era duro mantener el negocio de pie, ahora imagínate con estos fiscales exigiendo una producción a precios inviables. Además son las formas, desde que los fiscales entran por la puerta ya te tratan como a un delincuente”.

Una fiscal del Sundde inspecciona una panadería en el oeste de Caracas (Prensa Sundde)

La Federación de la Industria de la Panificación (Fevipan) asegura que el 80% de las panaderías del país tiene el inventario a cero. Las panaderías a nivel nacional necesitan 120 mil toneladas de trigo al mes para cubrir la demanda, pero el Gobierno solo distribuye 30.000. Una situación – asegura Fevipan – va a llevar a muchos dueños a seguir los pasos de Héctor Lugo.

María González, una cliente a la espera de su turno para comprar el pan dice con desgana que “aquí perdemos todos. Los panaderos, el pueblo y el gobierno. Este país desde hace mucho tiempo fue secuestrado por las malas políticas”.

 

Textos: Melissa Silva Franco | Yuly CarreñoCaracas.

Fuente: La Vanguardia. Foto: RCN radio.

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